Valencia, febrero de 2012

            Una vez más decenas de manifestantes han golpeado con sus cabezas a las porras de la policía. También han utilizado sus costillas y riñones para pegar a los agentes en sus botas reglamentarias. Algo así, ha dicho el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno.

            Este Jefe de Policía se ha mostrado sorprendido por el comportamiento “incívico” de los menores de “14 y 15 años” y ha rechazado señalar el número de efectivos que está interviniendo porque “no es prudente revelarle al enemigo cuáles son mis fuerzas”. Se desconoce si el enemigo del señor Moreno son los niños de 14 y 15 años o los periodistas que le formularon la pregunta.

            Afirma, el responsable de la actuación policial, que “hay que preservar los derechos de los ciudadanos y de los agentes que actúan en legítima defensa para protegerse”. En realidad, y ahora basta de ironías, los ciudadanos no están “en el mismo lado de la barricada” que los agentes. Ciudadanos y ciudadanas son los manifestantes que han sufrido la carga policial. En realidad, las manifestaciones y las concentraciones son un derecho ciudadano que no requiere autorización administrativa, tan sólo una comunicación previa.

            Hace falta cinismo para decir que “la Policía está obligada a mantener la legalidad y ha intentado mantener la paz”. Agentes antidisturbios cargando violenta e indiscriminadamente contra la ciudadanía es el concepto que tiene de paz que tiene este jefe de policía. Sin duda conoce los conceptos pax romana, paz de los cementerios… Y del cinismo a la burla, porque burla y no otra cosa es decir que “en este país, es la autoridad judicial la que valora la proporcionalidad y la necesidad del empleo de la fuerza” cuando nunca se ha condenado la represión policial (incluso con resultado de muerte como en marzo de 1976 cuando mataron a cinco obreros en Vitoria-Gasteiz). Por cierto, que un médico de urgencias ha declarado que agentes, porra en mano, se llevaron partes de lesiones (con datos personales) para impedir las denuncias contra la policía.

            En fin, es el habitual recurso a la represión policial y la impúdica defensa de su acción.