El pasado miércoles 22 de septiembre una inyección letal acabó con la vida de Troy Davis.
Troy Davis ha pasado veinte años en la cárcel tras ser condenado por la muerte de un policía en 1989. A Troy Davis no le han salvado la vida ni los sucesivos recursos interpuestos por sus abogados, ni las solicitudes de clemencia que van desde el Papa Benedicto XVI a la del expresidente estadounidense Jimmy Carter, pasando por las miles de firmas recogidas por Amnistía Internacional. Tampoco ha evitado su ejecución que siempre haya defendido su inocencia, ni las dudas sobre su culpabilidad, ni que siete de los nueve testigos de cargo se retractaron de sus declaraciones.
Un año antes, el 23 de septiembre de 2010 fue ejecutada Teresa Lewis. Tampoco a Teresa Lewis, le salvó la vida su deficiencia mental.
La lista de víctimas es larga. EE.UU. mata a unas 50 personas condenadas al año (46 en 2010). Sólo China, Irán, y países en guerra como Irak, Paquistán o Sudán han aplicado más veces la pena de muerte.
En EE.UU., que pasa por ser el país de la libertad y la democracia, el país que “exporta” los derechos humanos, del cual el primero es el derecho a la vida; se han ejecutado desde 1976, año en que se reinstauró la pena de muerte, 1270 personas. Sólo en los 15 últimos años se ha demostrado la inocencia de al menos 138 condenados a la pena de muerte.
La condena y ejecución de la pena de muerte en EE.UU. es competencia de los distintos estados y de sus gobernadores. Hay excepciones, algunos delitos federales se castigan con pena de muerte. No ha sido el caso de Troy Davis, las últimas condenas federales las firmaron George W. Bush y John F. Kennedy. En el caso de Troy Davis, Barack Obama sólo podía pedir clemencia (no concederla), cosa que no ha hecho. Sin duda, el coste electoral se lo ha desaconsejado.
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